La Confederación General del Trabajo (CGT) está ejerciendo presión sobre el oficialismo para que se acelere el tratamiento de al menos tres proyectos en comisiones en el Congreso, que buscan reducir la jornada laboral a un máximo de ocho horas diarias. La oposición ha rechazado estas iniciativas y, a cambio, ha propuesto una reforma laboral.

En la Cámara Baja hay dos proyectos en discusión: uno presentado por el diputado Hugo Yasky que propone reducir la jornada a 40 horas semanales, y otro de los diputados bancarios Claudia Ormaechea y Sergio Palazzo, que sugiere que no se superen las 36 horas. En la Cámara alta, el senador Mariano Recalde ha presentado una iniciativa que también establece una jornada de 36 horas, con la posibilidad de trabajar cuatro días a la semana.

En un año electoral en el que se contraponen dos enfoques laborales diferentes, el oficialismo desea que el Congreso comience cuanto antes el tratamiento de estos proyectos en comisiones, aunque reconocen que no tienen los votos necesarios para su aprobación. La idea es poner el tema en el centro del debate. En la CGT, hay preocupación por la llegada de una fuerza política al gobierno que pueda cuestionar las conquistas laborales. Tanto el sector libertario de Javier Milei como Juntos por el Cambio han anticipado la necesidad de abrir la discusión y adaptar las leyes laborales a los nuevos contextos que plantea la tecnología.

Los proyectos en discusión buscan reducir la jornada laboral, algo que el oficialismo ha querido debatir durante varios años. Según Yasky, una jornada laboral más corta propicia una mejora en la productividad de los trabajadores, y donde se ha implementado, se ha demostrado que aumenta el ritmo de producción y se reducen los accidentes laborales. Yasky propone que su iniciativa, junto con la de los diputados representantes del gremio bancario, sea tratada cuanto antes por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, y no descarta unificar su proyecto con el de Ormaechea y Palazzo.

El proyecto de Recalde también plantea la reducción de la jornada laboral a 36 horas semanales y la promoción de una semana laboral de cuatro días. Además, incluye la reducción de todos los máximos legales, como el régimen diurno, nocturno, insalubre y regímenes especiales, entre otros ítems.