Un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación reveló que en 12 de las 24 jurisdicciones argentinas ha disminuido la participación de la educación en el presupuesto entre 2004 y 2021. Aunque la caída fue menor a un 1% en provincias como Buenos Aires y La Rioja, alcanzó niveles más significativos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-8,8%) y Mendoza (-7,3%). Estos datos son relevantes considerando que las provincias son responsables del 75% del financiamiento educativo en el país.

Otras provincias que redujeron el financiamiento educativo en relación al gasto total fueron Catamarca, Jujuy, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Chaco, San Juan y Santiago del Estero. Por otro lado, Salta, Neuquén y Misiones fueron las que más aumentaron su inversión presupuestaria en educación durante el mismo período.

El informe destaca que todas las jurisdicciones destinan más del 65% de sus presupuestos educativos al pago de salarios de docentes y personal no docente. En algunas provincias, como Chubut y Neuquén, este porcentaje llega al 91% y 86% respectivamente. Sin embargo, esto no implica que los salarios docentes sean altos, sino que el sector educativo es intensivo en mano de obra.

En cuanto a la relación entre inversión educativa y resultados de aprendizaje, no hay estudios concluyentes al respecto en Argentina. Además, se señala que la asignación de recursos también juega un papel crucial en la calidad educativa, aunque tampoco existen estudios al respecto en el país.

El informe subraya la importancia del rol del Estado nacional en el financiamiento educativo y destaca la necesidad de monitorear la situación de cada jurisdicción para garantizar el cumplimiento del derecho a la educación de calidad en todo el país. También se menciona la posibilidad de que el Estado nacional redistribuya recursos y promueva programas educativos para atenuar las asimetrías.

En resumen, el informe pone de manifiesto las disparidades en el financiamiento educativo entre las provincias argentinas, con algunas reduciendo su inversión y otras aumentándola. Además, se destaca la alta proporción del presupuesto destinada al pago de salarios y la necesidad de una mayor intervención y coordinación entre el Estado nacional y las provincias para garantizar una educación equitativa y de calidad.