Las empresas de la construcción en Argentina enfrentan graves dificultades debido a la situación de la obra pública en el país. La inflación, la demora en las redeterminaciones de precios y los pagos atrasados en las certificaciones están afectando seriamente las finanzas de muchas empresas del sector. Se estima que las empresas pueden perder hasta el 30% de los ingresos proyectados debido a la falta de actualización de los montos. El problema se agrava debido a la descapitalización que experimentan las empresas. Por ejemplo, una obra que tuvo su última redeterminación de precios en noviembre de 2022 puede tener su certificado aprobado recién en mayo de 2023 y facturarse en junio. Luego, deben esperar semanas para poder cobrar, lo que genera una secuencia que revela la falta de atención por parte del Ministerio de Obras Públicas. La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) ha elevado su queja a las autoridades gubernamentales sobre la ralentización en el tratamiento y pago de los certificados de obra pública, así como las demoras en las redeterminaciones de costos, pero hasta ahora no se ha tomado ninguna medida al respecto. La crisis en el sector de la construcción es generalizada y afecta a todas las empresas, desde pymes hasta grandes compañías. El retraso en los pagos es igual para todos. Las empresas se enfrentan al aumento acelerado de los precios de los insumos, esperas de hasta 10 meses para cobrar los contratos y el endeudamiento a tasas altas para poder seguir funcionando. La falta de actualización de los precios de las obras y las demoras en las redeterminaciones generan un desfasaje que perjudica las finanzas de las constructoras, que a menudo se ven obligadas a financiar los proyectos con sus propios fondos. Además, existen importantes demoras en la obtención de las redeterminaciones por parte del Estado, en particular del Ministerio de Obras Públicas. Las empresas afectadas comentan que una vez presentada la solicitud, se tarda alrededor de 60 días en obtener una respuesta, lo que agrava aún más el retraso. Las obras financiadas por organismos multilaterales de crédito están en mejores condiciones en comparación. Anteriormente, las empresas calculaban un costo financiero adicional del 2% del total de la obra debido a los días desfasados por los precios desactualizados. Hoy en día, ese porcentaje ha aumentado al 10%, lo que en muchos casos hace que los proyectos sean inviables. Además, no hay ningún tipo de compensación por las demoras, a pesar de que la Ley de Obras Públicas establece que se deben pagar intereses compensatorios en caso de retraso en los pagos. Si la situación actual persiste, se espera un alto impacto en el empleo y la paralización de obras en un futuro cercano, según advierte Camarco.