La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha realizado una actualización de los valores mínimos a partir de los cuales los bancos y billeteras virtuales deben informar los movimientos en las cuentas bancarias y tarjetas de contribuyentes en Argentina. Esta actualización ha sido la primera desde el año 2022.

La decisión de la AFIP establece que ahora los bancos deben reportar los consumos con tarjeta de débito a partir de un monto mínimo de $120.000, en comparación con los $30.000 anteriores. Además, la resolución también eleva de $90.000 a $200.000 el umbral mínimo para informar las acreditaciones mensuales, extracciones mensuales, saldos de cuentas y depósitos a plazo fijo.

Estos cambios implican que cualquier compra realizada con tarjeta de débito por encima de los $120.000 deberá ser reportada por el banco o fintech correspondiente a la AFIP. Se estima que en Argentina hay más de 51 millones de tarjetas de débito emitidas por bancos.

La normativa actualizada establece que las entidades financieras deben informar sobre altas, bajas y modificaciones en cuentas bancarias, así como también sobre montos acumulados de acreditaciones mensuales, extracciones mensuales, saldos de cuentas, depósitos a plazo fijo y consumos con tarjetas de débito tanto en el país como en el extranjero. También se incluye la obligación de reportar los datos identificatorios de los sujetos involucrados en las operaciones mencionadas.

Adicionalmente, la resolución amplía los montos mínimos para el régimen de información en el caso de los administradores de sistemas de procesamiento de pagos a través de plataformas digitales, como las billeteras virtuales. Ahora, cualquier operación de ingreso o egreso que supere los $400.000, ya sea en efectivo, transferencia bancaria, moneda extranjera o moneda digital, deberá ser reportada.

Según datos del Banco Central, a diciembre de 2022 había más de 51 millones de tarjetas de débito en circulación y 86 millones de cuentas de caja de ahorro abiertas en bancos.

Estas medidas buscan fortalecer los controles y la transparencia en las operaciones financieras en Argentina, con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y la evasión fiscal.