Gobierno de Jujuy busca condenas de hasta 25 años para los imputados por los disturbios del 20 de junio.

Los delitos incluyen estrago doloso agravado, sedición, tentativa de homicidio y daños a bienes públicos valuados en mil millones de pesos. Gerardo Morales, mandatario provincial, acusa al gobierno nacional de promover la violencia y busca frenar los cortes en la provincia. También denuncia la intervención del presidente Alberto Fernández para asegurar la impunidad de Milagro Sala. Más de 100 personas están imputadas y ya se han sentenciado a cinco de ellas con multas millonarias. El fiscal de estado, Miguel Ángel Rivas, repudia los hechos de violencia y solicita la detención inmediata de los responsables. El ministro de Seguridad y el procurador general respaldan la querella y enfatizan que cortar rutas es un delito que pone en riesgo la salud y el trabajo de las personas.