En una entrevista, Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente, se pronunció sobre las primeras medidas que tomaría en caso de ser electo.

En cuanto al tema del cepo al dólar, negó la posibilidad de levantarlo de forma inmediata, argumentando que «es mentira» que se pueda realizar esa acción sin que se desate una fuerte devaluación. De hecho, expresó que «se iría el dólar a 6 mil» si se llevara a cabo una eliminación abrupta del cepo.

En contraposición con el equipo económico de su rival en la interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que plantea una pronta salida del cepo, Rodríguez Larreta enfatizó que una devaluación semejante es inviable y que cualquier cambio en la economía debe darse de forma gradual y planificada.

Asimismo, el precandidato hizo hincapié en su rechazo al discurso «anti», al que considera poco constructivo para Argentina. Destacó el triunfo de Maximiliano Pullaro en Santa Fe como ejemplo de una campaña basada en propuestas y trabajo en lugar de ataques y agresiones.

En materia laboral, Rodríguez Larreta evitó utilizar el término «reforma» y en cambio propuso acabar con el «curro de los juicios laborales». Afirmó que no se reducirán derechos a los trabajadores, sino que se buscará poner fin a la «industria del juicio laboral». Además, mencionó la posibilidad de reducir ministerios para ajustar el gasto y reducir el déficit, dando como ejemplo al Ministerio de la Mujer y argumentando que todos los ministerios deben ocuparse de los temas relacionados con las mujeres.

En relación a los subsidios en Aerolíneas Argentinas, Rodríguez Larreta señaló que la empresa debería funcionar sin necesidad de subsidios, especialmente en los vuelos internacionales. Cuestionó que los subsidios terminan siendo financiados por familias de bajos ingresos, quienes pagan IVA en productos como la leche, mientras subsidian pasajes aéreos a destinos internacionales o a familiares de trabajadores de la compañía.

Por último, el precandidato abogó por poner fin a la «judicialización de la política» y recuperar la división de poderes. Expresó su preocupación por el uso frecuente de denuncias penales como una táctica política y subrayó la necesidad de restaurar el equilibrio en la interacción entre el poder ejecutivo y el poder judicial.