El Estado argentino ha presentado una propuesta ante la Justicia de Estados Unidos en la que se muestra dispuesto a pagar USD 4.920 millones adicionales como compensación por la expropiación de YPF que tuvo lugar durante el tercer gobierno kirchnerista en 2012.

Esta presentación fue realizada por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT en representación del Estado argentino, y forma parte de las audiencias convocadas por el Tribunal del 2do Distrito Sur de Nueva York.

La jueza encargada del caso, Loretta Preska, deberá determinar el monto final a pagar por la expropiación de YPF. La indemnización dependerá tanto de la fecha en que el Estado argentino obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, como de la tasa de interés que se fije por la demora en la actualización de la compensación. Se estima que el monto final podría oscilar entre los USD 4.920 millones ofrecidos por el Estado y los USD 16.000 millones que exigen los demandantes, entre ellos el bufete Burford, que adquirió los derechos para litigar en la causa de la petrolera.

El proceso legal se ha extendido durante varios años, acumulando un total de 6 fallos en contra de Argentina entre 2016 y 2023. La jueza Preska ha fallado previamente en contra del país, y ahora deberá evaluar los argumentos presentados por ambas partes para determinar la compensación final.

El bufete Burford ha sido comparado con un «fondo buitre», ya que compró los derechos para litigar contra YPF y el Estado argentino a dos ex accionistas privados de la petrolera, Eton y dos empresas quebradas Petersen. Estos ex accionistas argumentaron que YPF debió haber realizado una oferta pública a los accionistas minoritarios, y no solo arreglar con el socio mayoritario (Repsol) durante la expropiación.

El monto de la indemnización final tendrá implicaciones significativas para las finanzas de Argentina y para el futuro de YPF, la principal empresa petrolera del país. Las audiencias continúan, y se espera que la jueza Preska tome una decisión en los próximos días.