La situación en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal en Argentina es preocupante debido a una deuda de alrededor de 4.000 millones de pesos con empresas encargadas de la alimentación de los más de 13 mil presos. Esta deuda afecta a siete empresas que solo estarían recibiendo el 20 por ciento de lo que les corresponde mensualmente.

Las empresas involucradas advierten que se les adeudan siete meses completos de facturación y que la situación es crítica. Temen no poder pagar los salarios de sus empleados y que varias unidades penitenciarias se queden sin alimentos, lo que afectaría el derecho de alimentación de las personas detenidas.

Desde el Gobierno admiten la falta de pagos, aunque niegan que la deuda haya alcanzado los 4.000 millones de pesos, argumentando que los aumentos de precios y cuestiones burocráticas han dificultado los pagos a tiempo.

Un ejemplo de las consecuencias de esta deuda es el caso de la Unidad 8 de Jujuy, donde se rescindió el contrato con una empresa debido a su incapacidad para cumplirlo por falta de fondos. Esto ha llevado a problemas en la entrega de insumos necesarios para la elaboración de los alimentos requeridos por la población penal. La situación plantea una grave preocupación sobre el acceso adecuado a la alimentación de los presos en Argentina.