El gobierno nacional anunció la entrega de dos bonos de $30,000 a los empleados públicos provinciales, pero muchas provincias han expresado su negativa a pagar estos bonos debido a dificultades financieras. Algunas de las razones detrás de esta negativa incluyen un reparto desigual de los fondos enviados por el gobierno central a las provincias y un aumento insuficiente en las transferencias de fondos.

En julio, la variación de las transferencias de Nación a las provincias estuvo por cuarto mes consecutivo por debajo de la inflación. En términos nominales, los envíos aumentaron 106.7%, unos diez puntos por debajo de la inflación, y en términos reales, los fondos automáticos enviados a las provincias cayeron un 4.3%. Estos datos han llevado a un descontento en las provincias con respecto al reparto de fondos.

La distribución de los fondos discrecionales también ha estado sesgada a favor de las provincias afines al gobierno central. En julio, las transferencias discrecionales aumentaron un 56% interanual, lo que significó una caída real del 27.6%. Además, la distribución de los llamados «Adelantos del Tesoro Nacional» muestra un claro favoritismo político hacia las provincias oficialistas. La mayoría de estos fondos fue a parar a provincias gobernadas por el mismo partido político que el gobierno nacional.

La provincia de Buenos Aires, la más grande del país, recibió una porción menor de estos fondos, lo que ha generado tensiones en el distrito. A pesar de la promesa del gobierno de enviar fondos adicionales a las provincias para pagar los bonos, muchas provincias enfrentan dificultades financieras y se resisten a pagarlos debido a la falta de recursos.

Estas tensiones reflejan un desafío mayor en el país, donde las provincias dependen en gran medida de los fondos enviados por el gobierno central y donde el reparto de estos fondos se ha vuelto un tema altamente político y polarizado.