El Supremo Tribunal Federal de Brasil aceptó la petición de la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para anular todas las pruebas obtenidas a través del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht.

Esta decisión se basa en la creencia de que estas pruebas fueron obtenidas ilegalmente por el exjuez Sergio Moro y los exfiscales de la operación Lava Jato.

El fallo, pronunciado por el juez Antonio Dias Toffoli, argumenta que las confesiones obtenidas mediante estos acuerdos de colaboración fueron el resultado de tácticas ilegales de «tortura psicológica» destinadas a obtener pruebas falsas contra personas inocentes. Toffoli también afirmó que los agentes públicos involucrados en el caso actuaron de manera parcial y fuera de su competencia legal.

Como resultado, los acuerdos de delaciones premiadas relacionados con Odebrecht, firmados en 2017 como parte de la operación Lava Jato, deberán ser revisados por jueces de primera instancia. El fallo también invalida elementos de prueba relacionados con los sistemas de sobornos utilizados por Odebrecht para corromper a políticos, financiar campañas electorales y participar en acuerdos colusivos con otras empresas para ganar contratos públicos.

Esta decisión marca un giro significativo en el caso Lava Jato, que ha sido objeto de controversia en Brasil durante varios años. Luiz Inácio Lula da Silva llegó a pasar 580 días en prisión por corrupción y lavado de dinero antes de que su condena fuera anulada. El fallo del tribunal describe el caso como un «montaje» diseñado por ciertos agentes públicos para obtener el poder del Estado mediante métodos ilegales, a pesar de aparentar legalidad en su proceso.