El fallo de la jueza Loretta Preska en contra de Argentina por la expropiación de YPF ha generado preocupación en el Gobierno y la oposición debido a la orden de pagar una indemnización de US$16,000 millones al Fondo Burford. Además, estimaciones privadas sugieren que el costo total para el Estado podría ascender a US$27,000 millones, considerando tres componentes:

1. Resarcimiento a Repsol: US$5,000 millones, que ya fueron pagados en su momento por la expropiación de sus acciones en YPF.
2. Intereses de bonos: US$6,000 millones, que corresponden a los intereses devengados de los bonos otorgados a Repsol, que vendió casi de inmediato.
3. Infracciones al estatuto de YPF: US$16,000 millones impuestos por la jueza Preska por no haber realizado la oferta pública en el momento de la expropiación.

La cuenta total arroja aproximadamente US$27,000 millones. Sin embargo, desde un punto de vista técnico, algunos argumentan que los US$6,000 millones de intereses no deben ser considerados parte del precio de la expropiación, ya que se relacionan con el riesgo país y una parte de los pagos fue defaulteada y canjeada en 2020 por títulos con cupones más bajos.

Este fallo se basa en la expropiación de YPF realizada durante la presidencia de Cristina Kirchner y su costo fiscal total, según el ex ministro de Economía Alfonso Prat-Gay, asciende a US$49,435 millones. La resolución de este caso deberá ser abordada por la próxima administración.