La oposición en Argentina ha presentado una solicitud ante la Justicia bonaerense para investigar si existe un sistema de «presta nombres» en la Legislatura bonaerense que permite alimentar la corrupción política.

Esto surge después de que la Cámara de Apelaciones de La Plata anulara la investigación sobre Julio Segundo Rigau, alias “Chocolate”, un puntero del PJ que fue detenido en posesión de 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense. La Cámara también anuló su detención.

La oposición, incluyendo a Ricardo Lopez Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico, cree que la posesión de tantas tarjetas de débito por parte de una sola persona demuestra la existencia de un sistema de corrupción más amplio, incluyendo el uso de «presta nombres» y padrinos políticos. Han pedido una investigación seria sobre el uso de fondos públicos en la Legislatura bonaerense y las responsabilidades políticas relacionadas con posibles actividades ilegales.

El método utilizado para anular la investigación fue poco convencional, ya que en lugar de plantear la nulidad ante la fiscal y el juez de la causa, los abogados de Rigau presentaron un habeas corpus y fueron directamente a la Cámara.

La Cámara alegó que la policía alertó a la fiscal de turno solo después de que Rigau fue trasladado a la comisaría y que se violó su privacidad. Sin embargo, el juez Fernando Mateos planteó en disidencia que el procedimiento policial fue correcto y que el caso tiene una trascendencia social significativa.

Ante estas irregularidades, la oposición ha solicitado que se inicie una Instrucción Penal Preparatoria para investigar posibles delitos de acción pública en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. También han pedido que se investigue el comportamiento de los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo para determinar si incurrieron en mal desempeño de sus funciones o en delitos en el cumplimiento de sus funciones.