Sergio Massa ha presentado un proyecto para que el Gobierno Nacional asuma la mayor parte del financiamiento educativo en todo el país a partir del próximo año, incrementando gradualmente la inversión hasta alcanzar el 8% del PBI en 2030. Sin embargo, el presupuesto 2024 que ha enviado al Congreso no refleja estas metas.

El proyecto de Massa establece que para 2024, la inversión en educación debería representar el 5.2% del PBI, con un 60% a cargo de la Nación y un 40% por parte de provincias y municipios. No obstante, el presupuesto 2024 asigna poco más del 1.3% del PBI (aproximadamente $4.8 billones) para Educación y Cultura, lo que requeriría ajustes legislativos para cumplir con las nuevas metas si el proyecto de Massa se convierte en ley.

El presupuesto actual refleja recortes significativos en partidas educativas clave en términos reales en comparación con este año, lo que contrasta con las propuestas de campaña de Massa que critica a sus rivales por su supuesto «desprecio por la educación pública». Por ejemplo, el programa de Fortalecimiento de jardines de infantes ha sufrido un recorte de $13,100 millones, y se asignaron $31,650 millones para el próximo año, lo que representa un aumento nominal pero una caída real considerando la inflación prevista. Otros programas, como Conectar Igualdad, Infraestructura y equipamiento, y Desarrollo de la Formación Tecnológica, también presentan recortes o aumentos insuficientes en relación con la inflación.

Massa enfatiza la importancia de la educación en su campaña y desafía a otros líderes políticos a respaldar su proyecto de financiamiento educativo. La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, califica el proyecto de «farsa» y propone declarar la educación como «servicio esencial» para garantizar su apertura durante todo el año en lugar de debatir la Ley de Financiamiento Educativo que presenta Massa.

A pesar de la importancia que Massa y el oficialismo le dan a la educación universitaria, el presupuesto 2024 asigna recursos con un aumento inferior a la inflación prevista, lo que implica una reducción en términos reales. También se cuestiona la creación de nuevas universidades, argumentando que se debería priorizar la inversión en los niveles inicial, primario y secundario.