Los abogados del Estado argentino han solicitado una reunión con la jueza Loretta Preska para evitar los embargos que podrían resultar de una sentencia que obliga al país a pagar US$16,000 millones por la expropiación de YPF.

El fondo que ganó el caso, Burford Capital, había solicitado embargos de bienes argentinos a partir del 16 de octubre, pero Argentina busca evitar esto. Argumentan que depositar esta suma «causaría daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes». Además, señalan que la ley argentina prohíbe realizar desembolsos que no hayan sido presupuestados para el año fiscal en curso.

Argentina argumenta que Burford Capital no respeta el período razonable para la ejecución del fallo y que esto generaría problemas económicos para el país. Sostienen que el pedido de Burford es prematuro y que esperan suspender la ejecución de la sentencia sin garantía. También argumentan que la ejecución inmediata de una sentencia de US$16,000 millones generararía litigios innecesarios y caóticos.

Además, señalan que Burford Capital no ha identificado ningún bien argentino en los Estados Unidos sujeto a embargo y que, en caso de que Argentina gane la apelación, los activos del fondo están dispersos por todo el mundo y entre partes desconocidas. También destacan que el período de 30 días solicitado por Burford Capital para el embargo es mucho más corto de lo que generalmente se considera «razonable» para comenzar la ejecución de una sentencia contra un soberano, ya que los tribunales suelen esperar varios meses antes de emitir una orden.

En resumen, Argentina busca evitar los embargos a sus bienes argumentando problemas económicos y el hecho de que Burford Capital no ha identificado activos específicos en los Estados Unidos. También buscan un período más largo antes de que se inicie cualquier ejecución.