En medio de la campaña electoral, el Gobierno argentino se enfrenta a la crisis generada por la escasez de combustible, presionando a las petroleras para normalizar el abastecimiento y cuestionando el futuro de los precios.

El conflicto se intensificó tras el anuncio de la importación de 10 barcos de combustible y la finalización de las paradas técnicas implementadas por algunas empresas del sector. Sin embargo, la persistente afluencia de personas a las estaciones de servicio llevó al ministro de Economía, Sergio Massa, a dar un ultimátum a la industria, amenazando con impedir la exportación de combustible si no se resuelve el abastecimiento para el miércoles.

Internamente, se reconoce que la responsabilidad de regularizar el suministro recae en el sector privado, mientras se critica la industria por su presunta falta de esfuerzos. Múltiples factores explican la crisis, como el aumento de la demanda relacionado con el fin de semana largo y el inicio de la temporada de siembra, así como las paradas programadas en refinerías y la expectativa de devaluación tras las elecciones. A pesar de la producción nacional de petróleo, la necesidad de importar gasoil a precios más altos de lo que se vende localmente ha generado pérdidas para algunas empresas.

El futuro de los precios de los combustibles también genera incertidumbre, ya que el acuerdo que fijó los precios por 90 días está a punto de vencer. A pesar del aumento del 3% aplicado la semana pasada, existe una discrepancia en cuanto al retraso en los precios y se prevé que se retomen las discusiones para alcanzar un nuevo acuerdo que se extienda al menos hasta el cambio de gobierno.