El gasto público desmedido ha generado tensiones fiscales y un marcado incremento en la inflación en los últimos años. Este exceso no solo ha presionado con alzas impositivas, sino que ha impulsado déficits crónicos financiados con emisión monetaria.

El análisis se enfoca en las ejecuciones presupuestarias de los últimos cinco presidentes y la evolución del gasto público en proporción al Producto Bruto Interno (PBI). Este ha aumentado significativamente, pasando del 34,9% del PBI al final del mandato de Néstor Kirchner al 49,7% al término del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y disminuyendo a 43,8% bajo Alberto Fernández.

Este incremento, sin mejoras en la calidad de los servicios estatales, ha suscitado la propuesta de recortes presupuestarios por parte del presidente electo, Javier Milei, cuya campaña incluyó la idea de una «motosierra» para reducir el gasto. Sin embargo, la reducción drástica del déficit fiscal en poco tiempo es considerada casi imposible por muchos economistas.

El área social se perfila como «inflexible» a recortes debido a su importancia y peso en el gasto total. El análisis detalla cómo la inflación ha golpeado a los ingresos de jubilados y beneficiarios de planes asistenciales, causando un ajuste desigual.

Se observa que el gasto en Seguridad Social ha disminuido respecto a períodos anteriores, a pesar del aumento en la pobreza e indigencia. Este área representa más del 42% del gasto total de la Administración Central y ha sufrido una significativa caída.

El presidente electo considera recortar partidas de planes asistenciales debido a presuntas irregularidades en su distribución. También se evalúa una reducción en subsidios como energía, combustibles, transporte, entre otros.

A pesar del crecimiento de la deuda, se ha logrado reducir la carga de intereses sobre el gasto total, aunque esta sigue siendo considerable.

Se destacan áreas clave para recortes en el gasto público, como el financiamiento del déficit de empresas públicas y el PAMI, además de subsidios en servicios económicos.

Se espera que, dentro del ámbito nacional, el nuevo gobierno implemente medidas para reducir partidas discrecionales, impulse un Pacto Fiscal para ordenar finanzas regionales y aplique ajustes en el empleo público.

La revisión y optimización del gasto público es imperativa, con especial atención a áreas prioritarias y una adecuada proporción de empleo público para garantizar la eficiencia en la prestación de servicios estatales.