Javier Milei está evaluando revocar las contrataciones y nombramientos de empleados estatales del último año, como parte de su plan para reducir el Estado tras asumir la presidencia. La propuesta se basa en la detección de incumplimientos al decreto 426/2022, que prohibía el ingreso de nuevos empleados al Estado, excepto en casos excepcionales, hasta el 31 de diciembre de 2023. Según su equipo, se identificó un incumplimiento de esta medida durante el último año, estimando que entre 3 mil y 4 mil personas podrían estar involucradas en estas contrataciones irregulares.

El objetivo de Milei es revertir estas contrataciones y revisar la planta política de los ministerios y secretarías. Aquellos nombramientos que no se ajusten a criterios de capacidad podrían ser revisados, mientras se buscaría reasignar a empleados de planta permanente que hayan ingresado antes del decreto a otras áreas. Guillermo Francos, designado ministro del Interior en el gobierno entrante, sugirió que aquellos que entraron al Estado «por la ventana» serán sacados «por la puerta», señalando que se tomarán medidas judiciales en casos poco fundamentados.

Este movimiento forma parte del plan de Milei para reducir el Estado y revisar las contrataciones recientes que, según su perspectiva, podrían haberse realizado de manera irregular, todo en el marco de un cambio profundo en la estructura gubernamental tras su asunción.