Se está llevando a cabo una revisión exhaustiva de la estructura de empleados estatales en los ministerios y dependencias del Gobierno de Javier Milei. El objetivo es eliminar los cargos que no sean esenciales para las funciones del Estado y reducir la plantilla en un 10% mediante la presencialidad obligatoria en los puestos de trabajo para marzo. Se espera reducir unos 30 mil empleos de un total de casi 400 mil.

Se están realizando auditorías para detectar ingresos irregulares y nombramientos después de un decreto que prohibía nuevas contrataciones estatales. Se estima que en un ministerio se sumaron 3000 empleados de manera irregular en el último año, una cifra que podría ser aún mayor.

Las auditorías serán llevadas a cabo por los ministerios y secretarías, entregando los resultados a la jefatura de Gabinete, coordinada por Nicolás Posse y Federico Sturzenegger. Estas acciones podrían ser supervisadas desde un organismo descentralizado dependiente de la presidencia.

Tras conocer la situación de cada área, se prevé ofrecer retiros voluntarios, intimaciones a empleados en situación irregular y posibles acciones judiciales. Se enfrentan desafíos logísticos en cuanto a qué hacer con los empleados de ministerios que dejarán de existir, ya que deben ser reubicados o indemnizados según la ley de empleo público.

En caso de irregularidades como contrataciones sin concurso público o ausencias injustificadas al trabajo, se contempla la exoneración sin pago de indemnización. Además, mediante decreto se podría eliminar la planta política de cargos.