En la previa de una marcha convocada por organizaciones piqueteras, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, reveló que el sistema para denunciar amenazas de dirigentes piqueteros se saturó tras recibir más de 5.000 llamados.

Esta acción surgió luego de que se habilitara la línea telefónica 134 para que beneficiarios de planes sociales denuncien posibles amenazas. Bullrich indicó que, debido al gran número de denuncias, el sistema ya no pudo recibir más llamados y afirmó que hay nombres identificados en las denuncias provenientes de distintas partes del país.

La ministra explicó que las denuncias incluyen casos en los que dirigentes piqueteros obligan a los beneficiarios de planes sociales a participar en las marchas, llegando incluso a imponer multas de hasta $7.000 a aquellos que no asisten. Bullrich hizo hincapié en que quienes no corten calles mantendrán sus beneficios sociales, pero aquellos que participen en cortes de calles perderán esos beneficios.

Asimismo, la ministra detalló cómo se implementará el protocolo antipiquetes durante la marcha, con un monitoreo a través de cámaras de seguridad y un sistema de identificación de manifestantes que corten calles para interrumpir el tránsito. Bullrich destacó que quienes corten calles serán identificados y perderán sus beneficios sociales, enfatizando que el objetivo del Gobierno es poner fin a las manifestaciones que interrumpan el tránsito.

A pesar de la implementación del protocolo a nivel nacional, Bullrich lamentó que la provincia de Buenos Aires no se sumara a la aplicación del mismo, criticando la postura que califica la medida como «criminalización de la protesta». Esta declaración surgió tras las afirmaciones del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Blanco, quien se refirió al protocolo como una medida que criminaliza la protesta. Bullrich argumentó que el objetivo es terminar con la extorsión a la gente y asegurar que vivan en libertad.

La marcha convocada por la Unidad Piquetera junto a otras organizaciones multisectoriales se llevó a cabo desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo. Esta movilización representó la primera prueba para el Protocolo de Orden Público impulsado por Bullrich para evitar que los manifestantes interrumpan la circulación en calles, rutas, puentes y accesos.