El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, liderado por Javier Milei, entró en vigencia el 29 de diciembre de 2023 y establece una amplia reforma en diversos sectores económicos y sociales. Este decreto, titulado «Bases para la reconstrucción de la Economía argentina», abarca cambios significativos en 366 artículos que modifican leyes existentes y establecen nuevas regulaciones. A continuación, se detallan algunos puntos clave:
- Emergencia y desregulación: Declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, establece una desregulación masiva en la economía, incluyendo la derogación de leyes como las de Alquileres, Tierras, y Abastecimiento, entre otras.
- Reforma del Estado: Impulsa la transformación de empresas estatales en Sociedades Anónimas y deroga leyes relacionadas con el funcionamiento de empresas del Estado y la fijación de haberes a jubilados y pensionados.
- Flexibilización laboral: Modifica leyes laborales importantes, extendiendo el período de prueba a 8 meses, permitiendo acuerdos para sistemas indemnizatorios diferentes, y reduciendo las indemnizaciones en ciertos casos.
- Limitación del derecho a huelga: Establece restricciones al derecho a huelga en actividades consideradas esenciales y trascendentales, asegurando una cobertura mínima de servicios.
- Comercio exterior y actividad económica: Elimina restricciones a exportaciones e importaciones por motivos económicos, promueve una mayor inserción en el comercio mundial y liberaliza sectores como el energético, aeronáutico, comunicación audiovisual, turismo, entre otros.
- Cambios en la salud privada: Elimina la intermediación de las obras sociales sindicales en los aportes a las prepagas y promueve la receta electrónica para agilizar servicios y reducir costos.
- Modificaciones en registros y trámites: Implementa cambios en el registro de automotores, digitalizando trámites y estableciendo nuevos procedimientos.
El DNU, que ha generado controversia y rechazo en diversos sectores de la sociedad, debe ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso para emitir un dictamen sobre su validez. El Gobierno también ha incluido este decreto en la Ley Ómnibus para su consideración y aprobación en caso de rechazo en la Comisión.
El presidente Milei ha anticipado la posibilidad de una consulta popular en caso de rechazo legislativo, argumentando un alto porcentaje de aprobación en la población. Mientras tanto, la vigencia del decreto continúa, aunque su futuro está sujeto al análisis y aprobación legislativa.



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