En el gobierno de Alberto Fernández, se han canalizado más de mil millones de dólares hacia 16 fondos fiduciarios sin un control estricto. Estos fondos, gestionados por ministerios u organismos del Estado, se utilizan para fines específicos, pero su manejo carece de una supervisión rigurosa. Se plantea que estos fondos permiten ciertas maniobras sin suficiente fiscalización, ya que los controles se realizan después de utilizar los recursos.

Bajo la administración de Javier Milei, se genera preocupación sobre el uso discrecional de estos fondos. El Estado ha destinado esos fondos a áreas diversas como Infraestructura del Transporte y Urbanización de barrios populares. En el proyecto de Ley presentado al Congreso, Milei busca aumentar el control sobre estos fondos, con la posibilidad de cerrar algunos y crear otros según las necesidades del momento.

El proyecto de ley plantea otorgar mayor libertad al Presidente para emplear estos fondos en situaciones de emergencia económica o proyectos de interés particular. Actualmente, existen 29 fondos fiduciarios que manejan un presupuesto considerable. No obstante, se critica la falta de transparencia en los gastos de estos fondos, así como la ausencia de información sobre las compras y contrataciones realizadas por ellos, generando dudas sobre si el dinero se destina realmente a los fines para los que fueron creados.