En medio de la disputa por la restitución del impuesto a las Ganancias entre el Gobierno Nacional y las Provincias, se destaca la pelea por las transferencias discrecionales, fondos manejados por el Tesoro Nacional al margen de la coparticipación federal. Estos fondos, equivalentes a 1,3 puntos del PBI, han sido asignados en su mayoría y están ligados a diversos programas, acuerdos provinciales e incluso créditos internacionales.

Aunque se llaman «discrecionales», muchos están vinculados a programas específicos o a compromisos entre la Nación y las Provincias, lo que limita el margen de maniobra del Gobierno de Milei para demorar los desembolsos. Incumplir estos acuerdos podría llevar a las Provincias a recurrir a la Corte Suprema. Sin embargo, la visión de Milei y Caputo difiere de esta perspectiva, mostrando intenciones de presionar a los gobernadores.

Dentro de estas partidas, destacan fondos como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y diversas líneas de asistencia financiera. Muchos de estos rubros se relacionan con la obra pública, algo que inicialmente Milei había mencionado como posible recorte debido a la falta de recursos.

En el gobierno de Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof resultó beneficiado con un aumento en las transferencias a la Provincia de Buenos Aires. Ante la posibilidad de recortes, la Provincia votó por un aumento de impuestos. Sin embargo, estos fondos no forman parte de la Coparticipación Federal de Impuestos, lo que otorga cierta flexibilidad al Gobierno Nacional para bloquearlos si no obtiene el apoyo de los gobernadores en sus iniciativas.

La incertidumbre recae en el alcance del recorte de estas partidas, que podría llegar a representar hasta un tercio de los fondos. Mientras quienes defienden su legalidad admiten esta posibilidad, en la Casa Rosada sostienen una postura más firme, afirmando que los gobernadores no pueden obtener más fondos sin respaldar la reposición del impuesto a las Ganancias. Esta medida se presenta como necesaria para reducir el déficit y controlar la inflación, aunque genera tensiones políticas entre el Gobierno y las Provincias.