La Iglesia Católica en Argentina ha confirmado la finalización de los aportes económicos provenientes del Estado. Este proceso se gestó a partir de la aprobación de la legalización del aborto en 2018 y la creciente solicitud de separación entre la institución religiosa y el Estado.

A través de un comunicado emitido por la Conferencia Episcopal Argentina, se anunció que desde el 31 de diciembre de 2023, se ha concluido el proceso de renuncia a las asignaciones mensuales que recibían los arzobispos y obispos de todo el país por parte del Estado.

La Constitución requería que el gobierno federal sostuviera el culto católico, y la ley 21.950 de 1979 estableció que los arzobispos y obispos recibieran una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración de un juez nacional de primera instancia.

Sin embargo, en medio de debates nacionales significativos, como la legalización del aborto en 2018, se propuso y acordó la separación entre el Estado y la Iglesia, incluyendo el retiro del aporte económico estatal. Este proceso fue avalado por una mayoría de obispos en 2018, como un gesto hacia la sociedad y un compromiso con el autosostenimiento basado en la contribución de los fieles.

El comunicado también destacó una resolución de abril de 2023, en la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto permitió a arzobispos y obispos que hayan cesado en sus cargos debido a la edad o invalidez solicitar una asignación transitoria de $98,000, bajo requisitos específicos.