El presidente Javier Milei ha decidido enviar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) al Congreso a pesar del fallo judicial que suspendió la aplicación de las reformas laborales. Este DNU incluye artículos que afectan a los sindicatos, declarando como «servicio esencial» a sectores como salud, educación y suministro de combustibles, limitando el derecho a huelga en estos ámbitos y modificando aspectos clave como la obligatoriedad de aportes a gremios y el periodo de prueba laboral.

A pesar de la suspensión dictada por la Cámara Nacional del Trabajo tras un amparo de la CGT, el Gobierno busca cumplir con el plazo constitucional para presentar el DNU al Congreso, que vence este viernes. La Casa Rosada prepara además una apelación a esta medida cautelar, argumentando que el fallo contradice otros dictados en el país y que el fuero laboral no es el lugar adecuado para resolver sobre las implicancias del DNU, proponiendo que sea el fuero administrativo el encargado.

La Procuración del Tesoro liderada por Rodolfo Barra apelará la cautelar y solicitará que el caso pase a un fuero diferente. El Gobierno alega que la decisión judicial no sigue la lógica de otros tribunales y contradice al fiscal general de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien sugirió que el amparo debería tratarse en otro fuero. La CGT defiende que el fuero laboral es el adecuado para resolver estas cuestiones, mientras el Gobierno sostiene que este tipo de decretos pertenecen al ámbito de la administración pública y deberían ser discutidos en el contencioso administrativo.