El Gobierno de Milei se enfrenta a su primera derrota legislativa con el proyecto de Ley Ómnibus, específicamente en el ámbito de los biocombustibles. Esta ley buscaba modificar un sistema que otorgaba al Estado el control sobre la producción de biocombustibles, generando un mercado cautivo y fijando precios discrecionales que beneficiaban a algunas empresas. A pesar de las intenciones del Gobierno de alterar este esquema, se prevé que sufra un revés en el Congreso.

Desde 2007, la Secretaría de Energía controla qué empresas pueden producir biocombustibles, cuánto volumen pueden generar y a qué precios venderán. Esta regulación otorga a ciertas compañías la venta garantizada de sus productos a empresas de combustibles que deben mezclarlos con sus gasoils y naftas. Dos grupos empresariales reciben un tercio del biodiesel y tres grupos controlan más de la mitad del negocio del bioetanol asignado por el Estado mensualmente.

El Gobierno proponía cambios importantes en este régimen, como permitir más empresas en la producción, eliminar la asignación mensual y eliminar la fijación de precios. Sin embargo, debido a las presiones principalmente de gobernadores de Córdoba y Santa Fe, se espera que el nuevo esquema mantenga licitaciones y amplíe los cortes de biocombustibles. A pesar de estas modificaciones, las empresas actuales seguirán manteniendo una posición predominante en el mercado.

El cambio original propuesto por el Gobierno para eliminar restricciones en la producción de biocombustibles no se llevará a cabo, lo que permite a ciertas empresas, mediante la creación de múltiples entidades, seguir acaparando una parte considerable del mercado. Esta situación cuestiona la efectividad de las modificaciones propuestas por el Gobierno y su capacidad para alterar la dinámica existente en el mercado de biocombustibles.