En el primer mes del gobierno de Javier Milei, se observó un cambio radical en el escenario económico. La administración implementó una devaluación inicial del tipo de cambio oficial y liberó controles de precios en sectores como consumo masivo, medicina privada y combustibles. Esto coincidió con un plan económico de emergencia que involucró ajuste fiscal, baja de la tasa de interés y reestructuración de deudas, ahorros e ingresos en pesos.

Como consecuencia, se experimentaron aumentos significativos en precios clave, especialmente en productos de la canasta básica. La lechuga, la nafta, la gaseosa cola y la lavandina fueron algunos de los productos que presentaron incrementos notables en sus precios en las primeras semanas del mandato.

Específicamente, la suba en los combustibles, liberados por las petroleras tras el congelamiento durante el gobierno anterior, marcó un cambio relevante. Se buscó equiparar el precio de exportación al mercado interno, acercando el valor de la nafta al del dólar.

Estos aumentos impactaron en el consumo, frenando las ventas en supermercados y obligando a reintroducir algunas promociones. Además, se anticipa una inflación cercana al 30% según consultoras privadas, generando una disminución significativa en el poder adquisitivo de los salarios.

En términos financieros, las medidas también afectaron el mercado. El dólar oficial y sus variantes (MEP, contado con liquidación y blue) experimentaron aumentos entre el 14% y el 123%, mientras que el riesgo país subió casi un 11% en un mes.

En materia regulatoria, se implementó un DNU con numerosas desregulaciones y se envió al Congreso una ley omnibus de más de 660 artículos para reorganizar el Estado. Sin embargo, este accionar generó controversias y objeciones judiciales.

Simultáneamente, el Gobierno buscó reforzar las reservas con un nuevo acuerdo con el FMI. Las negociaciones buscan establecer nuevas metas y retomar desembolsos interrumpidos desde agosto de 2023.