Los despidos en la Anses, según funcionarios, estaban vinculados mayormente a La Cámpora y eran puestos políticos ubicados rápidamente en roles de jefatura por la administración anterior. Estos empleados, en muchos casos, fueron ingresados inicialmente en roles de base y luego ascendidos rápidamente antes del cambio de gobierno.

Los sindicatos expresaron su preocupación y cuestionaron la legalidad de la medida, pero algunas fuentes gremiales sugieren que los despidos actuales están más justificados en comparación con recortes anteriores. Aunque admiten que hay despidos justificados y otros menos, señalan que no se compara con la situación anterior.

Los despidos afectaron principalmente a jefes de Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Anses, quienes fueron colocados en posiciones jerárquicas durante la gestión anterior. El Gobierno planea identificar ingresos de empleados que puedan haber obedecido a criterios políticos en otras áreas del sector público.

Se espera que los despidos continúen en otros puestos del sector público, ya que el Gobierno busca reducir los cargos y limitar la influencia de La Cámpora, especialmente en la Anses y el PAMI. Hasta el momento, se han dejado caer cerca de 7000 contratos firmados desde el 1 de enero de 2023, y se prevén más despidos en el futuro a medida que se lleva a cabo un «relevamiento exhaustivo» de los contratos en el marco del decreto presidencial del 26 de diciembre. La Anses, con alrededor de 14 mil empleados, no planea reemplazar los puestos eliminados y destaca que todo se ha realizado dentro de los marcos legales del contrato de trabajo del organismo.