Un grupo de gobernadores, denominados «dialoguistas», ha solicitado al Gobierno una reunión urgente antes de la sesión de la Ley Ómnibus. Este grupo está compuesto por 16 mandatarios del peronismo, la UCR y el PRO, quienes se reunirán en Buenos Aires para unificar posturas y discutir detalles finales con la Casa Rosada. La discusión se centra en la Ley Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos, también conocida como «Ley Ómnibus».

Inicialmente, parecía que había un principio de acuerdo entre el Gobierno de Javier Milei y la oposición dialoguista, pero surgieron diferencias en la discusión detallada del proyecto oficialista, especialmente en lo referente al Impuesto PAÍS. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el retiro del «capítulo fiscal» del articulado, generando preocupación entre los gobernadores provinciales.

Milei mantiene su posición de lograr un «déficit fiscal cero», pero los gobernadores dialoguistas proponen un camino que no afecte los intereses provinciales. La estrategia del Gobierno central, liderado por Milei, es confrontar con los gobiernos provinciales y el Poder Legislativo para lograr el equilibrio y la estabilización mediante decretos, manteniendo el Presupuesto actual.

La discusión también involucra la coparticipación del Impuesto PAÍS, donde los gobernadores buscan presionar al Gobierno para que comparta esos fondos. Actualmente, el 70% de lo recaudado por este impuesto queda para el Estado Nacional, y el 30% restante se destina a las provincias. Sin embargo, la Casa Rosada amenaza con detener ese reparto.

La oposición, liderada por los gobernadores de Juntos por el Cambio, evalúa la situación y busca acordar una postura común. Hay discrepancias sobre las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, y algunos legisladores buscan limitar su alcance. También hay preocupación por aspectos relacionados con las industrias culturales y el Régimen Federal de Pesca.

El artículo sobre el Impuesto PAÍS sigue generando tensiones, ya que algunos sostienen que está vencido y requiere aval del Congreso, mientras que otros argumentan que sigue vigente hasta diciembre de 2024. La prueba de fuego será la sesión de la Ley Ómnibus, donde se verá la capacidad de Milei para avanzar con su agenda económica y política.