El Gobierno ha publicado un decreto para desregular las obras sociales, afectando a más de 14 millones de trabajadores en relación de dependencia, sindicalizados, monotributistas, empleadas domésticas y al sistema general. La medida, que entrará en vigor el 1 de abril, busca dar libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la competencia entre obras sociales y prepagas.

El decreto establece el derecho a la libre elección de obras sociales o prepagas para los afiliados titulares del sistema de salud, sin obligación de permanecer un año en la obra social al cambiar de empleo. Además, permite elegir una obra social o prepaga al comenzar un nuevo empleo y ejercer el derecho de libre elección una vez al año.

Las empresas de medicina prepaga deberán aportar al Fondo Solidario de Redistribución por el total de la cuota que reciben. La Superintendencia de Servicios de Salud supervisará los aportes y contribuciones y optimizará la circulación del dinero entre prepagas, obras sociales y beneficiarios.

La reglamentación busca dar prioridad a las prestaciones de salud y establece como beneficiarios a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados nacionales. Todo esto se oficializó mediante el decreto 171/2024, basado en la Ley N° 23.660 y la Ley N° 23.661.