La situación actual entre el gobierno nacional y varias provincias argentinas se ha intensificado debido a las deudas acumuladas por el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, ascendiendo en conjunto a casi $400.000 millones. Estos pasivos, que surgieron como resultado de la refinanciación durante la gestión anterior, ahora se están pagando mensualmente mediante descuentos en los fondos de coparticipación que las provincias reciben automáticamente del gobierno central.

Chubut ha sido el epicentro de este conflicto, encabezando la protesta contra el método de repago utilizado por el gobierno nacional. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ha expresado su preocupación por la actualización por inflación de esta deuda, argumentando que está afectando negativamente las finanzas provinciales al incrementar nominalmente los montos adeudados. Chubut, en particular, enfrenta una deuda de $119.091 millones con el gobierno nacional.

En un intento por encontrar soluciones a esta situación, Chubut ha propuesto alternativas de refinanciación, incluyendo la emisión de bonos a largo plazo para pagar la deuda con la Nación. Sin embargo, estas propuestas no han recibido una respuesta favorable por parte del gobierno central. A pesar de ello, el ministro del Interior, Guillermo Francos, ha declarado que se solicitó información adicional a Chubut para evaluar la viabilidad financiera de estas propuestas.

El conflicto ha generado tensiones adicionales entre la Casa Rosada y los gobernadores provinciales. A pesar de que Chubut fue la primera en alzar la voz contra el descuento de coparticipación, otras diez provincias también se enfrentan a deudas significativas con el gobierno nacional debido al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. Estas deudas suman un total de $392.104 millones, lo que refleja la magnitud del problema a nivel nacional.

El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, creado en 1995, tenía como objetivo inicial asistir a los bancos provinciales sujetos a privatización y fomentar la privatización de empresas provinciales. Sin embargo, a lo largo de los años, su propósito se ha ampliado para incluir el financiamiento de programas de reforma fiscal, saneamiento de deudas y desarrollo económico provincial.

El conflicto actual entre el gobierno nacional y las provincias refleja una profunda división en la relación entre el poder central y los gobiernos provinciales. La falta de acuerdo sobre cómo abordar estas deudas pendientes plantea desafíos significativos para la estabilidad financiera y política del país.