El Ministerio de Capital Humano del Gobierno anunció el cierre de 59 Centros de Referencia en todo el país, considerándolos como focos de ineficiencia y mal uso de recursos públicos. Estos centros, concebidos originalmente para acercar políticas públicas a la población, han sido criticados por el Gobierno por su baja utilización y la presencia de empleados considerados «ñoquis del Estado». Como consecuencia del cierre, se estima que más de 600 empleados públicos perderán sus puestos de trabajo, lo que generará un ahorro anual de alrededor de 5 mil millones de pesos.

Además del ahorro en salarios, el cierre de estos centros implica una reducción en otros gastos, como alquileres de locales, mantenimiento de vehículos y servicios de telefonía celular, lo que representa un alivio económico adicional para el Gobierno. Se espera que esta medida también contribuya a una mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos, al fomentar la digitalización de trámites y la optimización de recursos.

Paralelamente, el Gobierno también anunció la eliminación de unas 300 Unidades de Gestión que estaban bajo la responsabilidad de movimientos sociales, como cooperativas y beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Esta decisión apunta a reducir la intermediación política y mejorar la transparencia en la distribución de recursos destinados a asistencia social.

En este contexto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ha reiterado el compromiso del Gobierno de evitar prácticas corruptas y favorecer una distribución equitativa de los recursos públicos. Pettovello ha destacado la importancia de implementar políticas alimentarias que beneficien directamente a quienes las necesitan, sin dejar margen para la corrupción o la manipulación política.