A pesar de la parálisis del Congreso tras el fracaso de la Ley Ómnibus, los legisladores han decidido aumentar sus dietas en un 30%, en línea con la suba otorgada a los empleados legislativos y a las paritarias del sector privado durante el primer bimestre del año. Esta actualización se basa en la «Ley de Enganche», que desde 2011 permite a diputados y senadores recibir el mismo incremento otorgado al personal del Congreso.

El acuerdo entre las autoridades del Congreso y los sindicatos se cerró el pasado 22 de febrero. Con este aumento, los diputados recibieron un importe neto de $2.174.887 en febrero, junto con un pago por desarraigo de $464.090,29. En enero, las dietas estuvieron en $1.699.000 y $323.789,25 por desarraigo.

La resolución que confirma el aumento a los empleados del Congreso fue firmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel. Sin embargo, el aumento de las dietas de los legisladores nunca fue informado públicamente.

Los senadores, según registros anteriores, cobraban una dieta superior a los $900 mil, más unos $200 mil en desarraigo y gastos de representación, valores que no se habían actualizado desde mayo del año pasado. El aumento de las dietas siempre ha generado polémica, y el año pasado, la posibilidad de un aumento del 118% para los legislativos generó un fuerte debate en medio de la crisis económica.

En 2022, se acordó que cualquier incremento debería ser votado en el recinto, aunque esta condición fue levantada posteriormente y el aumento nunca fue oficializado por una resolución de las autoridades de la cámara.