Durante la gestión de Alberto Fernández, se realizó una auditoría interna en el Gobierno que reveló cifras alarmantes sobre los pagos realizados a intermediarios en la contratación de seguros estatales. Estos pagos ascendieron a la impresionante suma de aproximadamente $3.500 millones a lo largo de cuatro años. De este monto total, una parte significativa, específicamente $1.600 millones, fue destinada a Bachiller S.A., una empresa vinculada estrechamente a Héctor Martínez Sosa, quien es conocido por ser un amigo cercano del expresidente.

Lo que resulta aún más llamativo es que se estima que al menos el 15% de estos pagos millonarios correspondían a comisiones por intermediación. Esta comisión, del 12%, iba directamente a Bachiller S.A., mientras que el 3% restante se destinaba al broker, siendo representado en este caso por Osvaldo Alfredo Tortora, quien tiene vínculos con Martínez Sosa y habría participado activamente en las gestiones con Fernández.

Además de estos datos, también se mencionó el caso de otro intermediario, Pablo Torres García, quien, según las investigaciones, habría recibido alrededor de $160 millones en comisiones. Torres García está asociado tanto con Sergio Massa como con el PRO, lo que añade otra capa de complejidad a este escenario.

A pesar de estos hallazgos, aún no se han revelado los montos correspondientes a otros intermediarios como Fernando Salim, Guillermo Alonso y la empresa Castello Mercuri S.A. Sin embargo, la investigación sigue en curso bajo la supervisión del juez federal Julián Ercolini, quien ha solicitado documentación detallada a 27 brokers sobre los contratos con el Estado desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2023.