Después del revuelo provocado por el escándalo de los seguros, el Gobierno toma medidas drásticas al prohibir la intermediación en todas las contrataciones de seguros por parte de organismos públicos. La decisión fue comunicada por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a través de una nota enviada a todos los ministros durante la noche.

En la breve comunicación, Posse establece que las contrataciones de pólizas de seguros dentro de sus jurisdicciones deben realizarse sin la intervención de intermediarios. Esta acción llega luego de la destitución de dos funcionarios de Nación Seguros, Mauro Tanos y Marcos Eufemio, quienes fueron despedidos tras ser allanados por el juez Julián Ercolini.

El juez descubrió una conexión intrigante entre Tanos y el empresario Alfredo Del Corro a través de una camioneta registrada a nombre de una cooperativa limitada, pero utilizada por Tanos con una tarjeta azul. Este descubrimiento surgió durante uno de los procedimientos ordenados por el juez en la empresa San Ignacio, donde un abogado entregó documentación que previamente había llegado en un automóvil particular.

El sábado por la mañana, Tanos y Eufemio fueron instados a renunciar, lo cual fue comunicado por el presidente de Nación Seguros, Alfonso José Torres. Sin embargo, el Gobierno no había derogado un decreto firmado por Alberto Fernández en 2021, que exigía a los organismos públicos contratar directamente con el Estado, permitiendo así la intermediación de brokers.

La auditoría de Nación Seguros reveló que los brokers habían cobrado más de $239 millones en los primeros dos meses del año por contratos con el Estado. Empresas como Bachellier, San Ignacio y TG Broker destacaban entre las beneficiadas. El juez Ercolini decidió congelar los bienes de estas empresas y levantar el secreto fiscal y bancario de los implicados, incluido el ex presidente Alberto Fernández.

La investigación continúa avanzando, con el fiscal Carlos Rívolo a cargo de revisar el patrimonio de todos los involucrados. Ercolini también ordenó la inhibición general de bienes de Fernández y solicitó el levantamiento de su secreto fiscal y bancario, así como el de otros ex funcionarios de Nación Seguros y empresarios vinculados al caso. En total, son 33 personas y empresas bajo investigación.