Una mujer boliviana acudió al Hospital San Vicente de Paul en Orán, Salta, para dar a luz, acompañada de su esposo, residente en la zona. Sin embargo, al recibir una factura de aproximadamente $245,000 por los servicios médicos, la pareja se fue sin pagar. La provincia de Salta estableció que los extranjeros residentes transitorios deben costear su atención sanitaria si no se trata de una urgencia.

El gerente del hospital, Alejandro Fabián Valenzuela, explicó que la mujer llegó a la guardia de ginecología sin documentos que acreditaran su residencia en Argentina. Ante la negativa de pagar o regresar a Bolivia, se realizó una denuncia y se solicitó la intervención de Migraciones.

Este caso ocurrió en el contexto de un cambio en la política de atención médica para extranjeros, decretado por el gobernador Gustavo Sáenz en febrero de ese año, que establece el arancelamiento para aquellos que no residan en Argentina.

La pareja, molesta por la situación, se retiró de la guardia. Sin embargo, regresaron horas más tarde con el trabajo de parto avanzado, por lo que recibieron atención médica. Posteriormente, se les informó sobre el costo de $245,000, pero el esposo arguyó que no les correspondía pagarlo y se dieron a la fuga con el bebé.

El gerente del hospital mencionó que se realizó una presentación judicial contra la mujer, cuya condición de ingreso al país se desconoce. La resolución gubernamental en Salta establece que los extranjeros no residentes deben contribuir económicamente a su atención médica, con excepción de casos de emergencia. El gobernador Sáenz justificó esta medida como una forma de que los extranjeros ayuden a sufragar los costos de su atención médica en la provincia.