Securitas, una empresa de seguridad privada, ha admitido ante la Justicia haber realizado pagos millonarios en concepto de coimas a funcionarios públicos entre los años 2014 y 2018, con el propósito de obtener contratos de servicios de vigilancia en organismos públicos nacionales, provinciales y municipales en varias regiones de Argentina, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincias como Buenos Aires, Entre Ríos y Tucumán.

La confesión de la empresa, registrada en un expediente a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ha resultado en la detención de nueve personas y más de 50 allanamientos en todo el país. La investigación comenzó en 2020 cuando Securitas decidió denunciar a sus antiguos directivos por abuso de su posición corporativa para obtener beneficios ilícitos.

Los pagos indebidos abarcaron el período de los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, aunque también se investigan episodios desde 2012. Los organismos públicos implicados incluyen al Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), SENASA, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, entre otros. Además, se mencionan pagos irregulares a sindicatos como la UOCRA.

La investigación interna de Securitas fue iniciada tras una denuncia de una ex empleada y reveló posibles delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho y administración infiel o fraudulenta. La nueva gestión de Securitas Argentina SA, ahora bajo capitales argentinos y un grupo latinoamericano, afirma no tener relación con los pagos indebidos.

El caso ha sido llevado por el fiscal Domínguez y su equipo, con colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Aunque el caso ha salido a la luz recientemente, la empresa y el Ministerio Público Fiscal firmaron un acuerdo de colaboración eficaz hace casi dos años.