La vicepresidenta Victoria Villarruel elogió la revisión de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado llevada a cabo por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Señaló la necesidad de auditar los pagos en nombre de los derechos humanos, celebrando la medida como un paso hacia la transparencia. Esta acción surge tras detectarse irregularidades en los trámites y pagos de beneficios a personas afectadas por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar.

El Gobierno ha iniciado una auditoría integral de los pedidos de reparación patrimonial, buscando garantizar la legitimidad de los beneficios otorgados. Se argumenta que muchos fallos pueden haber sido obtenidos a través de documentación falsa, lo que representa una estafa al Estado.

Cúneo Libarona informó que alrededor de 100 casos muestran sospechas de fraude, involucrando reclamos por un total de 15 millones de dólares. Esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la transparencia y la justicia, siendo respaldada por Villarruel desde sus inicios políticos.