Después de la multitudinaria marcha universitaria en defensa de la educación pública y del reclamo por presupuesto, el Gobierno argumenta que la protesta fue principalmente «política» y reitera su intención de llevar a cabo una auditoría de las cuentas universitarias.

Se señala específicamente a figuras políticas que se unieron a la marcha, como Axel Kicillof, Sergio Massa, y Martín Lousteau, entre otros, como impulsores del evento. En la Casa Rosada, sostienen que se han enviado los fondos necesarios para las universidades y se mantiene un diálogo constante con las autoridades educativas. Además, se busca destacar que el supuesto desfinanciamiento comenzó en 2022 y que el aumento actual del presupuesto universitario regresa a los niveles de ese año.

El Gobierno también planea continuar presionando para realizar una auditoría de las cuentas universitarias a través de la Auditoría General de la Nación. En cuanto a la seguridad durante la marcha, se organizó un comando unificado liderado por la Policía Federal Argentina para garantizar la protección interna y periférica de la Casa Rosada, mientras que la Gendarmería y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires estuvieron presentes en los cordones de contención de la manifestación.