El Ministerio de Justicia, bajo la administración de Javier Milei, está realizando auditorías exhaustivas en diversos organismos, y uno de los focos de atención son las indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura militar en Argentina.

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El ministro Mariano Cúneo Libarona reveló que se están revisando más de 22.500 expedientes para verificar la autenticidad y legalidad de la documentación respaldatoria de cada caso. Estas indemnizaciones, otorgadas por leyes como la 24.043, 24.411 y 25.914 durante el gobierno kirchnerista, alcanzan un total de $14.261.528.925, con un promedio de $80.000.000 por indemnización.

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Hasta el momento, se han detectado 100 expedientes irregulares y pagos duplicados. La justicia está investigando una presunta asociación ilícita dedicada a falsificar documentos para obtener estas indemnizaciones. En un caso específico, el abogado Omar Enrique Ramón García ha sido notificado de procesamiento firme y embargo de bienes por representar a varios solicitantes involucrados en la supuesta estafa al Estado.

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La investigación revela que muchos de estos casos simulaban parentesco con desaparecidos o víctimas del régimen militar. Un ejemplo emblemático es el caso «Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita», donde se procesó a un grupo de personas por estafa al Estado.