El Gobierno, liderado por el ministro de Economía Luis Caputo, anuncia medidas contundentes en su enfrentamiento con las empresas de medicina prepaga. Ante las crecientes preocupaciones de los afiliados, Caputo confirma la apertura de un canal para denunciar a las prepagas que no cumplan con la devolución de los aumentos recientes. Esta decisión surge como respuesta a las quejas de los usuarios y busca garantizar que las empresas acaten las disposiciones gubernamentales.

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En este sentido, se establecerán multas significativas para aquellas compañías que no cumplan con la devolución de los aumentos y que no ajusten sus cuotas de acuerdo con lo reglamentado y acordado. Estas multas representarán un porcentaje considerable de la facturación anual de las empresas infractoras.

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Además, Caputo aclara la fórmula de aumento de las cuotas y reafirma la voluntad del Gobierno de retrotraer los aumentos a diciembre, así como de devolver los montos cobrados en exceso. Sin embargo, estas medidas enfrentan desafíos judiciales, ya que la jueza a cargo de la causa se declara incompetente, lo que podría demorar las decisiones judiciales en torno al tema.

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La situación judicial se complica aún más, ya que la jueza Mercedes Maquieira se declara incompetente en la causa que se tramitaba en el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N°9 y solicita trasladar el expediente al Juzgado N°3 del mismo fuero. Este cambio de jurisdicción podría retrasar las resoluciones judiciales, lo que complica la situación para el Gobierno.

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Por otro lado, se destaca que las empresas afectadas por estas medidas incluyen a OSDE, Swiss Medical, Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé y Omint. Estas empresas han sido objeto de acciones gubernamentales debido a los significativos aumentos en las cuotas, que han generado malestar entre los afiliados.

En resumen, el Gobierno anuncia medidas enérgicas contra las prepagas, incluyendo la apertura de un canal de denuncias, la aplicación de multas y la determinación de retrotraer los aumentos de las cuotas. Sin embargo, enfrenta obstáculos judiciales que podrían complicar la implementación efectiva de estas medidas.