La denuncia presentada por el Ministerio de Capital Humano se basa en una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación, que reveló una serie de irregularidades en el programa de becas «Progresar» durante la gestión de Alberto Fernández. El informe destaca una falta de control en el uso de un financiamiento internacional de 341 millones de dólares, obtenido en noviembre de 2021 con el propósito de apoyar la educación de jóvenes estudiantes hasta la finalización de la educación obligatoria.

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Entre las irregularidades señaladas se encuentra la ausencia de registros individuales por cada beneficiario desde su inscripción hasta la asignación de la beca, lo que dificulta la verificación de la selección adecuada de los beneficiarios y la legalidad de los otorgamientos. Además, se observa la carencia de documentación respaldatoria de los otorgamientos, como solicitudes o formularios de inscripción con certificación escolar, así como la falta de registros en la ANSES sobre los ingresos de los postulantes y sus familias.

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La denuncia interpuesta acusa a los responsables del programa de becas de incumplimiento de deberes de funcionario público y fraude a la administración pública. Este escándalo pone en entredicho la gestión de los fondos destinados a la educación y el apoyo a los jóvenes estudiantes, generando preocupación por la transparencia y eficacia de los programas gubernamentales.