El juez federal Sebastián Casanello ha ordenado la inhibición de los bienes de personas y cooperativas relacionadas con movimientos piqueteros, como parte de una investigación sobre presuntas extorsiones a beneficiarios de planes sociales. Además, solicitó al INAES que audite el funcionamiento de las cooperativas involucradas. Se espera el análisis de pruebas, incluyendo la peritación de celulares, para avanzar en la investigación.

Mientras tanto, las defensas de los implicados han comenzado a movilizarse. Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero no involucrado en la causa, señaló que los abogados recién pudieron acceder al expediente y cuestionó la intervención de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el caso.

La causa se originó tras denuncias recibidas por el Ministerio de Seguridad, y el fiscal Pollicita ha centrado su investigación en las denuncias en la Capital Federal. Sin embargo, se espera que los acusados cuestionen la validez de las pruebas presentadas.

El fiscal había solicitado allanamientos para indagar y detener, pero el juez Casanello rechazó esta solicitud y pidió más medidas. No hay detenidos hasta el momento. Se espera que se evalúe toda la prueba antes de resolver la declaración de los involucrados. Además, se ha dispuesto la inhibición de bienes de varias personas vinculadas con movimientos piqueteros.