La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, detalló la investigación en curso sobre un esquema de extorsión liderado por referentes de organizaciones sociales que obligaban a los beneficiarios de planes sociales a participar en marchas, bajo la amenaza de prohibirles la entrada a comedores y negarles alimentos. Este caso, conocido como “los cuadernos del hambre”, salió a la luz gracias a las pruebas obtenidas de cuadernos secuestrados en una sede del Polo Obrero.

En estos cuadernos, se documentaban sanciones impuestas a quienes no asistían a actividades políticas. Los nombres de las personas “multadas” aparecían junto a las penalidades, que incluían multas económicas y la negación de alimentos provistos por el Estado. El fiscal Gerardo Pollicita confirmó que este sistema de sanciones estaba en vigor desde al menos 2022, basándose en anotaciones que datan de ese año.

La investigación comenzó tras habilitar una línea de denuncias en el Ministerio de Seguridad, a través de la cual se recibieron más de

160,000 denuncias, de las cuales unas 14,000 contenían datos precisos y fueron judicializadas. La ministra Bullrich explicó que la causa principal es llevada por el fiscal Gerardo Pollicita, mientras que otras denuncias se investigan bajo el juez Ariel Lijo.

Pollicita trabajó junto con el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, para verificar si los nombres en los cuadernos coincidían con los registros de beneficiarios de planes sociales. Bullrich resaltó que, además de las extorsiones para participar en marchas, la investigación reveló casos de abuso sexual a cambio de beneficios sociales, mencionando incidentes específicos en La Matanza y Chaco, que se investigan como trata de personas.

La ministra subrayó que esta problemática de extorsión y abuso en la distribución de planes sociales ha sido una constante durante los últimos 20 años y destacó la importancia de la valentía en abordar y desmantelar estos esquemas de corrupción.