La Justicia está investigando al Polo Obrero (PO) por presuntas maniobras de defraudación al Estado, que implican el desvío de unos US$150.000 de fondos del programa Potenciar Trabajo hacia dos empresas que emitían facturas falsas. El juez Sebastián Casanello ha encontrado evidencias de que entre el 20% y el 25% de las rendiciones del Polo Obrero se dirigieron a las empresas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex S.A.”, que se dedicaban a crear recibos fraudulentos.

El esquema de fraude funcionaba así: el Polo Obrero, como unidad de gestión, recibía dinero del Estado para comprar herramientas y materiales para los beneficiarios del Potenciar Trabajo. En lugar de usar todo ese dinero para su propósito original, desviaban parte de los fondos a las mencionadas empresas, las cuales emitían facturas falsas y luego realizaban aportes al Polo Obrero, creando un sistema de autofinanciamiento con dinero público.

Durante los allanamientos, la Justicia encontró pruebas significativas, como facturas con montos redondos y otras con la anotación «por las dudas», lo que indicaba su uso para simular gastos. La empresa “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL”, fundada en 2017 por Christian “El Colo” Rath y Roberto Adrián Albornoz, aportaba dinero al Polo Obrero, lo que sugiere un ciclo de retorno de fondos a la organización. Albornoz ha sido citado a declarar el 25 de junio.

Las facturas analizadas corresponden a los años 2020 y 2021. El Polo Obrero recibía millones del Estado para garantizar materiales de trabajo, pero desviaba estos fondos a las dos empresas mencionadas. Además de este desvío, la Justicia también está investigando la extorsión a los beneficiarios del Potenciar Trabajo, quienes eran obligados a asistir a marchas y entregar parte de sus subsidios bajo amenaza de perder sus beneficios o recibir multas.

El juez Casanello ha citado a varios dirigentes del Polo Obrero, incluidos Eduardo Belliboni y María Isolda Dotti, para que se presenten ante la Justicia el 25 de junio. La investigación ha revelado que las maniobras fraudulentas se complementaban con extorsiones y amenazas a los beneficiarios del Potenciar Trabajo, quienes eran forzados a entregar entre $2000 y $3000, asistir a marchas y pagar multas de hasta $10,000 si no lo hacían.

La firma Coxtex S.A., según registros de la AFIP, se dedica a la creación de recibos falsos, y también está involucrada en la emisión de facturas truchas para el Polo Obrero. El juez Casanello afirmó que estas acciones mezclaron lo público con lo privado, financiando actividades partidarias con fondos públicos.