La Justicia está investigando una megacaja de US$ 10.000 millones manejada por la Secretaría de Inclusión Social, liderada por Laura Valeria Alonso, integrante de La Cámpora y cercana a Máximo Kirchner. Entre 2020 y 2023, esta Secretaría administró fondos para el programa Políticas Alimentarias y la Tarjeta Alimentar, además del dinero destinado a comedores. Se descubrió que de los 3.500 comedores que figuraban en los registros, casi la mitad (aproximadamente 1.600) no existían.

La cifra total gestionada por la Secretaría de Inclusión Social para Políticas Alimentarias y subprogramas alcanzó los US$ 10.292 millones. Detallando el uso de estos fondos:

• En 2020, se controlaron US$ 1.887 millones, equivalentes a $ 133.233 millones a un tipo de cambio promedio de $ 70,6 por dólar.
• En 2021, fueron US$ 2.574 millones, o $ 244.789 millones a $ 95,1 por dólar.
• En 2022, se manejaron US$ 2.991 millones, equivalentes a $ 410.144 millones a $ 137,1 por dólar.
• En 2023, el monto fue de US$ 2.840 millones, o $ 838.368 millones a $ 295,2 por dólar.

Aunque la mayoría de estos fondos se destinaban a la Tarjeta Alimentar, alrededor de $ 35.000 millones iban a comedores y merenderos que ahora están bajo investigación.

La exfuncionaria Laura Valeria Alonso mantenía una relación directa con Cristina y Máximo Kirchner y tuvo un enfrentamiento con Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y secretario de Economía Social. La disputa también incluía la administración del programa Potenciar Trabajo, controlado por Pérsico, que manejaba fondos por otros US$ 10.500 millones. Este conflicto se enmarcaba en la tensión entre el kirchnerismo duro y el entonces presidente Alberto Fernández, ya que el presupuesto asignado a los piqueteros leales a Fernández había crecido significativamente, generando fricciones adicionales.