La reciente auditoría realizada por el Ministerio de Capital Humano ha descubierto graves irregularidades en los comedores del Polo Obrero, liderado por Eduardo Belliboni. Según el informe, de los 3.385 comedores registrados en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (ReNaCoM), el 47,5% no existen o dejaron de funcionar. Estos comedores habrían recibido un total de $360 millones entre 2020 y 2023, de los cuales solo se justificaron $113 millones.

Dos expedientes judiciales investigan estas prácticas. Uno, bajo la dirección del juez Sebastián Casanello y el fiscal Ramiro González, ha imputado a 23 dirigentes del Polo Obrero, incluyendo a Belliboni, por presunto desvío de alimentos y uso de facturas falsas. El otro expediente está a cargo del juez Ariel Lijo y ha sido delegado a la fiscalía federal de González.

La auditoría también reveló que el Polo Obrero recibió la mayor cantidad de alimentos secos en 2023, pero una parte significativa de estos no llegó a los comedores designados, siendo desviados o vendidos ilegalmente. Además, se encontró que el 27% de los datos de preinscripción de los comedores no coincidían con la realidad, y solo el 8% de los alimentos secos entregados por el Ministerio de Desarrollo Social fue debidamente rendido.

En resumen, la auditoría pone de relieve un patrón sistemático de corrupción que afecta gravemente a los sectores más vulnerables, comprometiendo derechos fundamentales como la alimentación y la dignidad, mientras se investiga a fondo la gestión del Polo Obrero en el manejo de fondos públicos destinados a la asistencia social.