El juez federal Ariel Lijo, elegido por el gobierno de Javier Milei para ocupar el quinto espacio vacante en la Corte Suprema de Justicia, ordenó nuevos allanamientos en la investigación sobre posibles extorsiones a beneficiarios de planes sociales por parte de dirigentes piqueteros. La denuncia, por “extorsión, amenazas y defraudación agravadas”, fue iniciada por el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, tras recibir llamadas anónimas a la línea 134 que reportaban pedidos de dinero o descuentos en pagos sociales por parte de líderes de organizaciones sociales.

Los allanamientos se llevaron a cabo en las sedes de la corriente Aníbal Verón, Movimiento Evita, Movimiento Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores LTDA, Confluencia Popular y MTL, donde se secuestraron celulares y documentación. Además, se encontraron cuadernos y fichas de afiliación de la Unidos Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), liderada por Juan Grabois, que podrían ser clave para descubrir el mecanismo de cobro y extorsión dentro de las agrupaciones.

La investigación, encabezada por Lijo, quien podría integrarse al supremo tribunal del país tras su postulación, ha generado cuestionamientos debido a su figura y falta de carrera jurídica. El pasado miércoles se libraron 14 órdenes de allanamiento, ejecutadas por el Departamento de Delitos Fiscales de la Dirección General de Investigación de Delito Complejo de la Policía Federal, en dependencias de las organizaciones sociales en la Ciudad de Buenos Aires. Las pruebas recolectadas serán analizadas en el marco de la investigación judicial solicitada por Pettovello.