El 1 de julio de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo histórico que establece que los presidentes gozan de inmunidad procesal «absoluta» por sus actos oficiales, pero no para acciones no oficiales. Este fallo afecta directamente al ex presidente y actual candidato republicano Donald Trump, ya que varios casos pendientes contra él deberán ser revisados bajo esta nueva interpretación, posiblemente después de las elecciones presidenciales de noviembre.

Trump celebró la decisión en su red social Truth Social, considerándola un triunfo para la Constitución y la democracia estadounidense. Por otro lado, la campaña de Joe Biden minimizó el impacto del fallo, argumentando que Trump sigue compitiendo con una condena previa relacionada con un pago a una actriz porno durante su campaña. Además, criticaron a Trump por su actitud respecto al ataque al Capitolio, acusándolo de creer que está por encima de la ley.

El fallo de la Corte Suprema, aprobado por 6 jueces contra 3, representa un logro significativo para Trump y llega en un momento favorable para su campaña, especialmente después de ser considerado el ganador del último debate frente a Joe Biden. Los abogados de Trump argumentaron que él debería tener inmunidad absoluta de los cargos, basándose en una interpretación amplia de la separación de poderes y un precedente de 1982.

El fallo podría dilatar los casos legales contra Trump lo suficiente como para que no se resuelvan antes de las elecciones de noviembre, potencialmente beneficiando su candidatura. Trump enfrenta actualmente tres cargos de conspiración y un cargo de obstrucción de un procedimiento oficial, relacionados con sus intentos de mantenerse en la presidencia después de perder las elecciones de 2020. También fue acusado en dos casos penales federales: uno por el fiscal especial Jack Smith y otro relacionado con la redada del FBI en Mar-a-Lago, donde se encontraron documentos oficiales confidenciales.

Tribunales inferiores previamente rechazaron las solicitudes de inmunidad de Trump, incluyendo un fallo de la jueza Tanya S. Chutkan y un panel unánime de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. Estos fallos argumentaron que cualquier inmunidad ejecutiva que Trump pudo haber tenido ya no lo protege contra enjuiciamientos. La decisión de la Corte Suprema de aceptar el caso ya había beneficiado a la estrategia de Trump de retrasar su juicio hasta después de las elecciones.

La votación de la Corte reflejó una división predecible: los seis jueces conservadores votaron a favor de Trump, mientras que los tres jueces progresistas votaron en contra. Durante su mandato, Trump nombró a tres jueces del tribunal supremo, inclinando así la balanza hacia la derecha.