El presidente Javier Milei decidió eliminar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un millonario fondo fiduciario que fue gestionado durante el mandato de Alberto Fernández y estuvo a cargo de Fernanda Miño, cercana a Juan Grabois. Este fondo, que financiaba proyectos en barrios vulnerables inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), será sustituido por un nuevo esquema de financiamiento.

El FISU fue establecido por el decreto 819/2019 y se nutría de los ingresos provenientes del Impuesto PAÍS y el Impuesto a la Riqueza. Este dinero iba a un fondo fiduciario administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y era gestionado por la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU). Bajo la nueva administración de Sebastián Pareja, la SISU recibirá los fondos directamente del Tesoro Nacional y contará con presupuesto propio.

La decisión de eliminar el FISU se da en medio de tensiones internas dentro del Gobierno, derivadas de una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que señaló irregularidades en el fondo fiduciario. El ministro de Economía, Luis Caputo, habría calificado la auditoría de «lapidaria». No obstante, Pareja niega estas acusaciones y asegura que no se cometieron delitos ni desvíos de fondos durante la gestión de Miño.

La semana pasada, Caputo y Pareja, junto con la Secretaria General de la Nación, Karina Milei, se reunieron para discutir el futuro del FISU. Pareja logró convencer a Caputo de que no había irregularidades significativas en la gestión anterior. Actualmente, el FISU recibe el 1% de lo recaudado del impuesto PAÍS, pero la administración de Milei ya había reducido su financiación al recortar la proporción de este impuesto destinada al fondo.

En febrero, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno eliminaría fondos fiduciarios por un total de USD 2000 millones, entre los cuales se encuentra el FISU. La nueva metodología de financiamiento busca eliminar las «cajas negras» de la política, según fuentes de la Casa Rosada. Además, el Gobierno planea eliminar el Impuesto PAÍS a fin de año, que actualmente es la principal fuente de financiamiento del FISU.

En la actualidad, hay 721 proyectos en ejecución, de los cuales 365 tienen menos del 40% de avance. La administración de Milei planea finalizar estas obras en un plazo de un año y medio, a pesar del reducido presupuesto. Será necesario realizar redeterminaciones de precios, ya que muchos presupuestos fueron planificados en 2023.

Sebastián Pareja, además de dirigir la SISU, es el principal armador político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y trabaja en el armado electoral para 2025. Su objetivo es minimizar la participación del PRO en este armado. Pareja está organizando un acto en La Matanza para finales de julio o principios de agosto, y la SISU jugará un papel clave en conectar con los barrios más postergados.

El Gobierno sigue enfocado en terminar las obras en curso y busca financiamiento en organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para asegurar la continuidad de los proyectos en los barrios populares.