El Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, está llevando a cabo una auditoría de los contratos firmados durante la gestión de Cristina Kirchner. Los resultados iniciales revelan irregularidades en el gasto de más de $200 millones en proyectos militares que no se completaron, incluyendo drones y aviones.

Drones Inexistentes y Aviones No Entregados

En 2015, se firmó un contrato entre el Ministerio de Defensa e INVAP para desarrollar dos prototipos de drones como parte del Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA). El proyecto, con un presupuesto de $2.095.900.000, debía completarse en siete años y consistía en vehículos aéreos no tripulados, una estación de control en tierra, sistemas de comunicaciones y tecnología para blancos aéreos de alta velocidad. A pesar de que se transfirieron $200.470.000 y se facturaron otros $45 millones, el proyecto quedó en suspenso en 2016 y no ha avanzado desde entonces.

Durante la entrega de cinco tanques modernizados, Petri expresó su descontento, destacando que, a pesar de haber invertido más de 21 millones de dólares, no se ha producido ni un solo dron nacional para el control y vigilancia de fronteras y espacio aéreo marítimo.

Aviones y Embarcaciones Militares

Además de los drones, se investigan otros contratos que involucran la entrega de aviones Pampa, Pucará, IA100 y remolcadores. Según documentos obtenidos, Defensa transfirió 215 millones de dólares para la incorporación y modernización de 17 aeronaves y 14 embarcaciones, incluyendo la corbeta ARA Parker. Sin embargo, solo uno de los 12 remolcadores encargados a Tandanor está en ejecución.

Entre 2020 y 2023, se transfirieron USD 166.391.225 al funcionamiento de Fabricaciones Militares y la Fábrica Militar de Aviones en Córdoba. La auditoría actual investiga si los fondos asignados para estos proyectos se desviaron para cubrir déficits de estas empresas.

Investigación y Consecuencias

El Ministerio de Defensa está evaluando si se cometieron delitos penales en la asignación de los fondos públicos. Se han solicitado auditorías a diversas empresas de defensa, como la Fábrica Argentina de Aviones, el Complejo Industrial y Naval Argentino Tandanor, y Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE). Dependiendo de los resultados, podrían presentarse denuncias judiciales.

Petri subrayó la importancia de producir drones en Argentina para la vigilancia y control del espacio aéreo y marítimo, indicando que la falta de cumplimiento en estos proyectos es un desafío significativo que el gobierno debe abordar.

Conclusión

La auditoría en curso en el Ministerio de Defensa ha revelado graves irregularidades en la gestión de contratos de la administración anterior, con millones de dólares gastados en proyectos no completados. La investigación sigue su curso y podría llevar a acciones legales para responsabilizar a los involucrados.